Suspenso rotundo de la Consejería en la gestión del colectivo de Agentes de Medio Ambiente.

EL GRUPO PARLAMENTARIO IU Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) SE HA HECHO ECO DE LAS DEMANDAS planteadas por esta Asociación en cuanto a la necesidad de regular el ejercicio profesional de los integrantes del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente andaluces, presentando una proposición no de Ley para la regulación de tal tema vital para nuestro colectivo.

Asimismo, IU LV-CA ha presentado tres preguntas con ruego de contestación escrita dirigidas a la Consejera de Medio Ambiente respecto a las trabas puestas por la Administración de la Junta de Andalucía en cuanto a la concialición de la vida laboral y familiar y la pérdida progresiva del número de efectivos de la plantilla del Cuerpo de Agentes no asociada a ni una sola plaza en las ofertas de Empleo Público de la Junta desde el año 2007; y otra pregunta parlamentaria, sobre la exclusión del Cuerpo de Agentes del dispositivo de Extinción e Investigación de Incendios Forestales planteado en el Borrador de Decreto del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.

En idénticos términos ha movido ficha El GRUPO PARLAMENTARIO DEL Partido Popular (PP), al plantear igualmente otra pregunta parlamentaria en términos similares a la expuesta en la parte final del párrafo anterior.

La AAMAA, como Organización Sindical mayoritaria en cuanto a número de Agentes afiliados, y bajo el respaldo de los resultados obtenidos en la encuesta dirigida al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (con una participación y consenso nunca antes obtenida a nivel sindical), entiende que es necesario establecer y regular claramente la forma de acceso, promoción y estructura del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, desarrollar Especialidades que posibiliten la carrera profesional horizontal, abrir el acceso de los Agentes de Medio Ambiente a los cursos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, disponer de un servicio de asistencia y defensa jurídica, dotar de imagen gráfica específiva para los miembros de nuestro colectivo y sus vehículos y dependencias, regular el uso de las credenciales profesionales de los Agentes, disponer de protocolos de actuación, etc.

Deseamos que con las puertas que acaban de abrir Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) y el Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) se cambie la línea de pasividad mostrada por la Junta de Andalucía. En suma, que se de carpetazo a una etapa negra de gestión con nuestro colectivo, pasando en una nueva fase a realizarse una apuesta seria por los Agentes de Medio Ambiente andaluces, en la línea ya iniciada por otras Comunidades Autónomas como Cataluña, Madrid, La Rioja y Murcia.

Apariciones en medios de comunicación sobre el asunto:

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE REGULACION DEL CUERPO DE AGENTES DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

El colectivo de Agentes de Medio Ambiente está actualmente formado por alrededor de 1.100 funcionarios/as, adscritos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Un colectivo con presencia en todo el territorio andaluz, compuesto por funcionarios uniformados, Agentes de la Autoridad, que tienen como misión principal la de velar por el medio ambiente en nuestra comunidad.

 

Desde 1985, los Agentes Forestales del extinto ICONA –organismo autónomo que creado en 1971 fusionó a los Agentes Forestales del Patrimonio Forestal del Estado, del Servicio de Pesca, Caza y Parques Nacionales y agregó a la Guardería Forestal del Estado-, pasaron transferidos a los distintos organismos de la Comunidad Andaluza con competencias en materia forestal y ambiental. Esos Agentes Forestales fueron transferidos como Agentes de la Autoridad y como miembros de la Policía Judicial (genérica). Actualmente aquellos agentes en activo y los incorporados en distintas convocatorias de oposiciones de la Junta de Andalucía, están integrados en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos en la Especialidad  Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido desde que la Junta de Andalucía dispone de un cuerpo de vigilancia, seguimiento e inspección encargado históricamente de preservar el medio natural, pocas han sido las voluntades por regular y organizar al colectivo de manera eficaz, encontrándose el primer escollo con que pertenecemos a un cuerpo de administración general pero que, sin embargo, en cuanto a horarios, ámbito laboral y funciones, nos encontramos con muchas particularidades que hacen difícil encajar como tal en el régimen funcionarial general. En este sentido nuestra asociación entiende que si bien hay un sistema recogido legalmente de negociación de la Consejería de Medio Ambiente (CMA), con los sindicatos como representantes de los trabajadores, esta dinámica, por las circunstancias que sean (probablemente falta de plataforma reivindicativa común, falta de secciones sindicales específicas de Agentes de Medio Ambiente, problemáticas laborales muy específicas que acaparan reuniones y mesas técnicas, desgaste a que somete la administración a los propios representantes e incluso la falta de criterios de algunos de ellos ajenos al propio colectivo, falta de respaldo, etc.), parece no terminar de sacar de una vía muerta al colectivo.

Los puestos de coordinación se dotan por concurso, no resultando la forma más idónea de contar con compañeros capacitados. Existen a su vez, puestos de libre designación (PLD, uno por cada provincia y otro en Servicios Centrales). Por otra parte los cambios cada 4 u 8 años de Secretarios Generales –de quien depende el colectivo- conlleva cambios estructurales demasiado arbitrarios y que han llevado últimamente a dejar puestos a extinguir, desdotados de funciones claras, en el limbo administrativo, cuando no son puestos lo que sobran. Es otra razón más para establecer y regular claramente la forma de acceso, promoción y estructura de Cuerpo de AAMA, que no quede al capricho reformador de puestos que, en muchos casos, conocen nuestra problemática cuando van a dejar el cargo.

Acudimos con admiración a la inclusión en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de los Agentes Rurales (denominación en Cataluña para el colectivo), en su art. 144. 6. -por el que La Generalitat ejerce sus competencias mediante el Cuerpo de Agentes Rurales, competentes en la vigilancia, el control, la protección, la prevención integral y la colaboración en la gestión del medio ambiente. Los miembros de este cuerpo tienen la condición de Agentes de la Autoridad y ejercen funciones de Policía Administrativa Especial y Policía Judicial, en los términos previstos en la ley-, blindando así su ámbito competencial y asegurando sus funciones, como culminación de un proceso que comenzó con la publicación en 2003 de una Ley del Cuerpo de Agentes y el posterior desarrollo reglamentario en 2007. Otras CCAA como Madrid también disponen de una Ley de creación del Cuerpo de Agentes Forestales, que si bien es verdad que no tiene el desarrollo ni el calado de la catalana, garantiza en cierta forma su actuación y reconocimiento habiendo pasado recientemente a depender de otra consejería. En otras CCAA también avanzan en el desarrollo e imagen pública de sus agentes forestales/medioambientales, regulando al menos cuestiones como uniformidad, acreditaciones, imagen corporativa, vehículos, sistema de acceso, plan de prevención de riesgos laborales (del que carecemos por completo), etc., quedando Andalucía, entendemos nosotros, por la cola en cuanto al interés por modernizar, regular, especializar, protocolizar actuaciones y proyectar la imagen publica de sus Agentes de Medio Ambiente. De reciente creación es por ejemplo el Decreto 23/2009, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Agentes Forestales de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

Por otra parte el avance de la privatización de servicios a través de la empresa EGMASA principalmente, está poniendo la gestión de bienes públicos como montes y caza en manos de intereses meramente economicistas, muchas veces, e invadiendo el ámbito competencial de los propios AAMA y dotando de medios a la empresa. Más parece que molestamos a nuestra administración hasta el punto donde se mediatiza no ya nuestro trabajo sino las propias prerrogativas legales (prohibición de registrar denuncias en algunas provincias, o de poner en conocimiento de los Jueces y Fiscales presuntos ilícitos penales) cuando no ya, de apoyar la vertiente de policía administrativa cuando se producen episodios de desobediencias, insultos o agresiones, careciendo además nuestro colectivo, de asistencia jurídica.

La falta de protocolos de actuación, junto a la falta de regulación reglamentaria, hace que cada provincia andaluza -e incluso cada unidad de adscripción territorial- funcione de una forma, comenzando a instalarse la desmoralización entre un colectivo con un grado vocacional mayormente alto pero donde vegetan bien  -y aquí hacemos autocrítica- actitudes cómodas y de desinterés al no percibirse respaldo, ni control, ni interés por la propia administración de la que dependemos. Es espeluznante ver la antigüedad y el kilometraje de muchos de los vehículos en los que realizamos los servicios (por no hablar de su “historial clínico” de reparaciones), habiéndose producido accidentes por fallos repetidos de bastidores. Por otra parte no destacan tampoco con prioritarios de emergencia –aunque acudimos a los incendios forestales como Coordinadores de extinción mientras no llegue un Técnico desde los centros operativos, que no suelen movilizarse salvo en incendios de cierto nivel-, ni imagen corporativa propia salvo la de Junta de Andalucía como la que muestra cualquier otro vehículo de técnicos, personal laboral, empresa pública, etc.

Pocas veces se publicitan actuaciones nuestras con trascendencia mediática eso si, a favor de cuerpos policiales; en este sentido queremos expresar que los cuerpos de policía de seguridad, tienen una prioridad clara en la seguridad ciudadana y que en tanto pueden, han de colaborar en la protección del medio, pero no pueden suplir el espacio de un colectivo (más que centenario) que conoce de primera mano este medio porque participa en su gestión, está presente en el territorio todos los días, y conoce la normativa medioambiental y los procedimientos de control e inspección.

Otras veces la figura del AMA se confunde por los medios y por la ciudadanía con otros profesionales (trabajadores forestales, trabajadores del INFOCA y retenistas, etc), sin que jamás salga nuestra administración al paso y donde cualquier aclaración a los medios ha de provenir del asociacionismo cuando, en ocasiones, es de tal gravedad como la de atribuir a un agente la responsabilidad de un incendio como represalia “por no ser contratados”… erróneamente claro, ya que el contratado era un vigilante de una empresa y no un funcionario Agente de la Autoridad. Incluso encontramos que no nos conoce o desconocen nuestras funciones y prerrogativas legales, desde responsables de otras administraciones, Consejerías, otros cuerpos, hasta puestos de responsabilidad de la propia CMA; en este sentido es chocante que, sin embargo, el tratamiento de normas especiales (forestales, caza, conservación, etc.) para con la figura y las condiciones del AMA, tenga mejor consideración y reconocimiento. Por ello el acceso a cursos de formación en la ESPA –que se nos niega a pesar de haberse reclamado a responsables de la misma así como de la Consejería de la que dependemos-, entendemos que es un importante paso a la formación específica para atender emergencias y para un reconocimiento institucional mayor. Nos sentimos como invisibles demasiado a menudo.

La actuación de los Agentes de Medio Ambiente en Andalucía, como los del resto del Estado y de los países europeos, está basada, y ha de continuar basándose en tres ámbitos de trabajo interrelacionados:

  1. La colaboración en la gestión: control y seguimiento de aprovechamientos forestales públicos y privados, censos de fauna, seguimiento de especies protegidas, daños de la fauna, información al ciudadano, informes sobre proyectos, obras y actividades en el medio...

  2. La inspección administrativa: información, prevención, supervisión y control de la aplicación de la normativa medioambiental, lo que, en la mayoría de las comarcas –Unidades Biogeográficas o Territoriales en las que se nos enmarca-, representa el grueso de trabajo.

  3. La capacidad de actuación frente a las agresiones más graves al medio ambiente, detectando e investigando las infracciones, faltas y delitos medioambientales y denunciando a sus autores.

Desprender a los Agentes de Medio Ambiente de cualquiera de estas funciones –históricas, por otra parte-, impediría el óptimo desarrollo de las otras y sería, por tanto, malgastar los recursos públicos de un colectivo consolidado en el medio natural. Además, trasladar el peso de la colaboración en la gestión a empresas privadas o semipúblicas, no resuelve el posterior seguimiento y control que necesariamente ha de ejercer la administración para una correcta ejecución de las actividades susceptibles de afectar al medio que todos tenemos el deber de conservar y el derecho a disfrutar.

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía pretende un verdadero estatuto legal y una modernización para este colectivo, unas aspiraciones que van más allá de lo económico, con una estructura y organización eficaces, compuesta por funcionarios al servicio de los ciudadanos, de las emergencias y riesgos en el medio natural y de la sociedad que reclama la preservación del medio, bien formados, con una base de conocimientos técnicos y de colaboración en la gestión, que tengan como núcleo de su trabajo la inspección administrativa y que no tengan las manos atadas frente a los delitos contra el medio ambiente.

Es por ello por lo que tratamos de llegar al ámbito parlamentario donde los representantes del pueblo y de la sociedad andaluza se puedan hacer eco de la situación de estancamiento en la que nos encontramos y así poder salir de ella con la prontitud posible.