Caducidad de las denuncias en la Delegación Provincial de Córdoba

En relación con las notas de prensa aparecidas fechas atrás en distintos medios de comunicación, teniendo como tema de fondo las denuncias realizadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Ecologistas en Acción y el partido Los Verdes sobre la caducidad de los expedientes sancionadores en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) quiere manifestarse en los siguientes términos:

No disponemos en esta Asociación profesional de datos acerca de cuantas son las denuncias que caducan en la Delegación Provincial de Córdoba o en cualquiera de las otras siete de Andalucía, al no tener la facilidad y ocasión de acceso a esos datos que al parecer tienen otras organizaciones, no obstante tampoco tenemos motivos para dudar de la veracidad de las cifras apuntadas, entre otras por la Asociación Unificada de la Guardia Civil y muy al contrario la experiencia propia del día a día de muchos de nuestros asociados así como las propias cifras de la Consejería de Medio Ambiente en su Informe de Medio Ambiente de 2006 nos demuestran que el panorama es desalentador ya que sobre la mitad de las denuncias formuladas por los Agentes (de Medio Ambiente, Guardia Civil, etc.) y otras organizaciones y ciudadanos quedan en nada “de entrada”.

Entre 13.118 y 12.833 denuncias se recibieron durante 2006 en la CMA de diferentes fuentes (Agentes de Medio Ambiente=3.447, Guardia Civil=6.643; Policía Autonómica=936, Otros=resto); en base a ellas se abrieron 10.890 expedientes (no se abrieron entre 2.228 y 1.943).

Agente investigando abandono de residuos en Espacio Natural Protegido

De los 10.890 expedientes que se abrieron 4.753 se encuentran bajo el epígrafe "sin determinar" en lo que respecta a la tipificación de su gravedad. Teniendo en cuenta que cuando se comunica al denunciado la apertura de expediente debe indicarse tal tipificación, ¿significa eso que los 4.753 deben sumarse a las 2.228 ó 1.943 que no han prosperado, un total de entre 6.981 y 6.696?, de ser así aproximadamente la mitad de las denuncias llegadas a la CMA quedan de entrada en nada, la mitad del esfuerzo, tiempo y recursos empleados por Agentes, Guardias, Organizaciones y Policías varias no han servido para nada

Esto es lo que puede extraerse de las estadísticas correspondientes al 2006 que la CMA publica en su Web pero por desgracia estos datos no son todo lo desalentadores que la pura realidad demuestra día a día ya que si a esta mitad de las denuncias que quedan en nada antes de empezar sumásemos los expedientes que caducan o se anulan y sobreseen por razones de procedimiento, consideramos que la sociedad andaluza tiene razones sobradas para preocuparse, aunque solo sea por ver con cuanta ineficacia se están malgastando recursos públicos, humanos y materiales.

Esta situación se ve aguzada en nuestro caso por lo que parece una enfermedad crónica en casi todas las Consejerías de Medio Ambiente de España, la andaluza incluida, el frenar las ganas de trabajar de este colectivo de funcionarios, con una carencia de medios no propia de un país europeo, una falta de reconocimiento real de nuestro carácter y papel y un afán casi patológico de nuestra Consejería en “filtrar” nuestro trabajo, asumiendo por su parte papeles que no les son propios; ¿a qué viene si no el que se hayan dado instrucciones a los Agentes de Medio Ambiente de varias provincias de que no se presenten en el Registro las Denuncias o de que no se presenten en los Juzgados y Fiscalías los Atestados por Faltas o Delitos, como es nuestra obligación?; podrán darse muchas explicaciones pero en el fondo lo que se sospecha es afán de control, no perder capacidad de acción y si se quiere ver con mirada más perversa tener capacidad de manipulación.

A pesar de estos datos, los Agentes de Medio Ambiente entendemos que no se debe caer en el abandono de nuestras obligaciones, hay que velar, con más intensidad si cabe, por el cumplimiento de la legislación medioambiental. Caer en la desmotivación y la desmoralización es un fraude para el ciudadano al que nos debemos como funcionarios públicos.

Por otro lado, no se entiende que ante las dificultades que parecen observarse para llevar a término los procedimientos sancionadores, la Consejería no derive a Jueces o a la propia Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio todas las denuncias de los Agentes de Medio Ambiente donde se observen indicios de delito penal. En un afán enfermizo de control, a los Agentes se nos viene coaccionando en las distintas Delegaciones Provinciales para que no presentemos tales denuncias directamente en la Fiscalía. Corresponde a los Jueces, y no a los instructores de la Consejería, decidir si la denuncia de un Agente se tramitará por la vía penal. Nuestro carácter de Policía Judicial nos obliga a colaborar estrechamente con la Red de Fiscales de Medio Ambiente andaluces, cuestión que parece asustar a nuestra propia Administración.

Esta situación de obstaculización a la labor de los Agentes es incluso más rocambolesca en otras Comunidades Autónomas como la de Madrid, donde el Grupo Parlamentario de la Sra. Presidenta Dª. Esperanza Aguirre ha conseguido sacar, contra todo su Parlamento, una Ley donde impide a sus propios Agentes el acceso al interior de terrenos privados si no es con una orden judicial en la mano, lo que en otras palabras es decirle a los Agentes Forestales madrileños “limítense a pasearse por las carreteras y a cobrar a final de mes, no hace falta que vean nada, por muy grande que sea la urbanización...”; en fin ¿cabe mejor ejemplo de gestión ineficaz de los recursos públicos?, pensamos que no pero aunque con más disimulo no nos sentimos mejor gestionados que nuestros compañeros madrileños.

En relación con el tema, seguidamente aparecen algunas de las noticias recogidas en diversos medios de comunicación:

La AUGC denuncia la no resolución de sus denuncias (17/08/07)

Los agentes que integran el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba están molestos ante la no resolución de sus denuncias, sobre infracciones a la normativa medioambiental, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

A través de un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que afirma representar a un gran porcentaje de agentes pertenecientes al Seprona de Córdoba, explicó que 'entre los pasados años 2003 y 2006, ambos inclusive, sólo se resolvieron aproximadamente el 20 por ciento de las denuncias formuladas por infracciones a la diferente normativa en materia medioambiental'.

Es decir, 'quedó sin resolver cerca del 80 por ciento de dichas denuncias, por causas al parecer imputables a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, en unos casos por la no incoación de expedientes sancionadores y en otros por la caducidad del plazo para sancionar, quedando así los presuntos infractores exentos de responsabilidad administrativa, en detrimento todo ello del medio ambiente y del interés general'.

De este modo, según la AUGC, 'la mayor parte de las denuncias que los agentes formularon han quedado sin ser sancionadas, con la consiguiente y lógica desmotivación para dichos guardias civiles, pues ven que sus numerosas horas de trabajo y esfuerzos por detectar a los infractores no han servido de nada'.

Las denuncias se refieren a asuntos relacionados con la caza, como el empleo de medios prohibidos o trampas, la caza de retranca en monterías y aguardos nocturnos. También se refieren las denuncias a la protección ambiental, en cuanto al ejercicio de actividades que carecen de los preceptivos informes medioambientales, o sobre especies protegidas que fueron objeto de tenencia y captura ilegales.

De igual modo, las denuncias no resueltas tienen que ver con los vertidos de residuos y la gestión inadecuada de los más peligrosos, y con la prevención de incendios forestales, por el empleo de fuentes caloríficas prohibidas en épocas de riesgo y en zonas forestales o de influencia forestal.

Por todo ello, los guardias civiles del Seprona solicitan, y AUGC coincide con ellos, que de un modo urgente se adopten las medidas necesarias para que la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba 'tramite y sancione con el máximo rigor jurídico, conforme a la normativa, todas las infracciones que se denuncien'.

Ello evitará, según la AUGC, el gran malestar y desmotivación originados últimamente entre estos especialistas de la Guardia Civil, redundando también en un deterioro de un bien tan valioso para la sociedad cordobesa como es el medio ambiente y la naturaleza.

(Fuente: artículo publicado en Terra-Actualidad).

La AUGC denuncia que la Junta no resuelve el 80% de las multas del Seprona (18/08/07)

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de la provincia (AUGC) ha cargado sus tintas contra la Delegación provincial de Medio Ambiente, dirigida por Luis Rey. La AUGC ha denunciado que más del 80 por ciento de las multas formuladas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se quedan en el cajón porque estos expedientes no son resueltos por los servicios técnicos de la Junta de Andalucía.

"Entre los años 2003 y 2006 sólo se resolvió un 20 por ciento de las denuncias formuladas por infracciones a la normativa medio ambiental por causas al parecer imputables a la Delegación", apuntó la asociación unificada, que agregó que "en algunos casos se produce por la no incoación de expedientes sancionadores y en otros por la caducidad del plazo para sancionar".

La asociación de guardias civiles asegura que esta situación está provocando una "consiguiente y lógica desmotivación" de los agentes que ven que "sus numerosas horas de trabajo y esfuerzos para detectar a los infractores no han servido de nada". En este sentido, el colectivo asegura que las denuncias que se han quedado en "papel mojado" se refieren a "asuntos tan sumamente importantes como la caza con empleo de medios prohibidos, la protección ambiental, las especies protegidas que fueron objeto de captura ilegal, los vertidos de residuos peligrosos y la prevención de incendios forestales".

Por todo ello, la AUGC asegura que los agentes del servicio del Seprona que trabajan en la provincia de Córdoba solicitan "de un modo urgente que se adopten las medidas necesarias para que la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente tramite y sancione con el máximo rigor jurídico todas las infracciones que se denuncien para evitar el gran malestar originado entre estos especialistas de la Guardia Civil".

Por otra parte, y ante la apertura de la media veda de caza, este colectivo "lamenta las discrepancias ya existentes entre los diferentes departamentos de la Delegación en materia de cebaderos para las palomas y las tórtolas, puesto que el Servicio de Gestión del Medio Natural y el propio delegado provincial [Luis Rey] lo consideran una práctica ilícita", aunque las sanciones quedan impunes.

(Fuente: artículo publicado en eldiadecordoba.es).

Los ecologistas también dicen que la Junta no tramita multas (22/08/07)

La pasividad de la Delegación de Medio Ambiente en la tramitación de los expedientes sancionadores que realiza los guardias civiles del Seporna y que denunció hace unos días la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha provocado la reacción de los grupos conservacionistas, que comparten estas afirmaciones del colectivo.

Tanto Ecologistas en Acción como el partido Los Verdes mostraron ayer su solidaridad con la AUGC y con el Seprona de Córdoba ante el malestar que genera en estos últimos "la pasividad de la Consejería de Medio Ambiente en la tramitación de sus denuncias". Ecologistas en Acción respaldó y confirmó lo ya dicho a este respecto por la AUGC, en cuanto a que "el 80 por ciento de las denuncias administrativas que efectúan, en relación a las infracciones a la normativa medioambiental, queda sin resolver, caducando los plazos que la ley exige y quedando los infractores en la más absoluta impunidad", insistieron.

Para los ecologistas, "esta actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no sólo supone un revés para toda la ciudadanía, ya que se anteponen los intereses particulares y económicos de los infractores a los intereses generales de la sociedad, sino que implica la desmotivación y desmoralización de los agentes del Seprona que cumplen fielmente con su cometido".

El portavoz andaluz de Los Verdes y a la vez secretario general de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Andrés Sánchez, tampoco dudó ayer en criticar a la delegación provincial en este asunto -pese a ocupar un puesto de responsabilidad en la Consejería- y lamentó que la demora en la tramitación de los expedientes "desanima a los profesionales" del Seprona. Sánchez, que estuvo ayer en la capital, también pidió al departamento que dirige Luis Rey en el territorio cordobés que actúe con el fin de que "no haya impunidad" para los infractores en materia medioambiental.

(Fuente: artículo publicado en eldiadecordoba.es).

Medio Ambiente asegura que tramita todos los expedientes (23/08/07)

Reacción a la denuncia de la Asociación de Guardias Civiles: Medio Ambiente asegura que tramita todos los expedientes. Luis Rey niega que el 80% de las denuncias queden sin resolver.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente registró en el 2006 un total de 509 expedientes sancionadores, de los cuales 129 fueron denuncias realizadas por agentes de la Guardia Civil y solo 47 se encuentran en trámite, mientras que 82 han sido resueltas. Así lo aseguró ayer el titular del ramo, Luis Rey, quien con estos datos sobre la mesa no quiso hacer una valoración de la acusación realizada la pasada semana por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) referida al deficiente funcionamiento de esta Administración. Insistió pues en que todos los expedientes se tramitan.

Rey, que comentó que no ha profundizado en los datos que ofrece la AUGC porque no entiende "a qué obedecen", afirmó que "no es cierto" que el 80% de las denuncias quedara sin resolver entre el 2003 y el 2006. A su vez, considera que este colectivo no representa a la totalidad de los agentes y que éste debería formular sus quejas por escrito ante sus responsables directos. "No sería serio que una Administración se guiara por la opinión de una asociación y que se cuestione la gestión de expedientes".

En opinión de Rey, "nos encontramos en un sistema de garantías contra el denunciado, y nuestra Administración cumple a rajatabla la ley". Eso sí, el responsable de Medio Ambiente apunta que no todas las denuncias tienen por qué acabar en un expediente sancionador, ya que esto únicamente ocurre cuando se cumple unos requisitos, y puede también darse determinados casos de que se archiven.

Además, Luis Rey recalcó que no tenía constancia de que existiese desmotivación y malestar entre la Guardia Civil del Seprona, porque "estos agentes cumplen con su obligación de vigilar y denunciar". También indicó que si existe un descenso en el número de sanciones puede ser porque hay mayor concienciación ciudadana y se está cumpliendo más la normativa, de manera que --a su juicio-- "no se está poniendo en riesgo el medio ambiente de la provincia de Córdoba".

(Fuente: artículo publicado en diariocordoba.com).

Los Agentes de Medio Ambiente acusan a la Junta de obstaculizar su trabajo (29/08/07)

A las críticas y denuncias realizadas días atrás por la AUGC y Ecologistas en Acción se sumó ayer otro de los colectivos íntimamente relacionado con la conservación natural, la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, cuyos responsables hicieron llegar ayer a ABC su preocupación por la situación que se está produciendo.

La asociación, de la que forman parte funcionarios de la Administración autonómica dedicados a la conservación ambiental, denunciaron el «enfermizo afán de control» sobre su trabajo de la Junta de Andalucía, que «asume papeles que no le son propios», pudiendo llegar a tener «capacidad de manipulación». En este sentido, se quejaron de que en algunas provincias de Andalucía se haya «dado instrucciones a los agentes para que no presenten en los Juzgados y Fiscalías los atestados por faltas o delitos, como es nuestra obligación». Si se hiciera, «se agilizaría la resolución de las denuncias que en muchos casos ahora no se resuleven».

Trabas.

De esta manera, son los instructores de la Consejería los que deciden si la denuncia de un agente presenta indicios para que se tramite por la vía penal, cuando «nuestro carácter de Policía Judicial nos obliga a colaborar estrechamente con los Fiscales de Medio Ambiente andaluces», explicaron.

Por otra parte, se quejaron de las trabas que encuentran para seguir los casos denunciados, ya que sólo les informan de las denuncias cuyo plazo de resolución ha caducado, y también les impiden llevarlos personalmente al registro de entrada para poder contar con la copia sellada que acredita que han realizado la denuncia, lo que les impide contar con datos como los de la AUGC.

Ineficacia.

No obstante, coincidieron con esta asociación en que «el panorama es desalentador» y añadieron que «la sociedad andaluza tiene razones sobradas para preocuparse por ver con cuanta ineficacia se están malgastando recursos públicos, humanos y materiales».

Además, los agentes se mostraron sorprendidos de que este asunto haya tardado tanto tiempo en salir a la luz, ya que «no es nuevo» y hasta es posible que «ahora la situación sea mejor que antes».

(Fuente: artículo publicado en ABC.es).

Impunidad en las denuncias de los Agentes (01/09/07)

Critican la lentitud en la tramitación de expedientes.

La Asociación Ecologistas en Acción dijo que los expedientes abiertos por agresiones al medio ambiente "se eternizan y se diluyen en un arduo proceso administrativo, de manera que las agresiones medioambientales, cuando no quedan impunes, se saldan muchas veces con sanciones ridículas".

La asociación ecologista afirmó ayer en un comunicado que los miembros del Seprona de la Guardia Civil, los agentes de Medio Ambiente y las organizaciones medioambientales tienen "desánimo y desencanto" porque, "tras arduas jornadas de duro trabajo", el esfuerzo de estos colectivos "casi nunca obtiene el fruto esperado, que no es otro que la sanción de las conductas lesivas".

Matizó que en Córdoba nunca se ha conseguido la restauración de daños medioambientales a la que obligan resoluciones administrativas.

(Fuente: artículo publicado en diariocordoba.com).

Agentes de Medio Ambiente recurren a la asociación al desconfiar en la Junta (05/09/07)

Ecologistas en Acción afirma que agentes de Medio Ambiente recurren la asociación al desconfiar de la Junta.

La Asociación de Ecologistas en Acción en Córdoba afirmó hoy que, de una forma generalizada en los últimos años, está recibiendo "llamadas de agentes de Medio Ambiente para canalizar determinados hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas o ilícitos penales, ante su desconfianza en los cauces internos" de la Consejería de Medio Ambiente.

A través de un comunicado, Ecologistas en Acción afirmó que "el desánimo y el desencanto cunden entre los agentes de Medio Ambiente y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y las personas que llevan trabajando desde hace décadas en organizaciones ambientalistas", ya que, "tras arduas jornadas de duro trabajo y tras laboriosas investigaciones, en el caso de los agentes del Seprona y de Medio Ambiente, su esfuerzo casi nunca obtiene el fruto esperado, que no es otro que la sanción de las conductas lesivas para el medio ambiente y la restauración del daño causado".

Ante esta situación, "no son pocos los que piensan que la Consejería de Medio Ambiente hace una auténtica dejación de funciones y da un trato de favor a un determinado sector de la sociedad", siendo ésta "una opinión que va ganando terreno incluso dentro del propio organismo, donde numerosos funcionarios, siempre en privado, reconocen este deplorable estado de cosas y admiten que existe una clara disociación en el seno de la Consejería de Medio Ambiente entre los objetivos meramente técnicos y los fines políticos y de imagen".

Eso es lo que, según Ecologistas en Acción, ha llevado a que los agentes de Medio Ambiente recurran a miembros del colectivo ecologista para que éstos denuncien las supuestas agresiones al medio ambiente, ya que entienden que la Consejería de Medio Ambiente "tiene como finalidad política principal la de mantener dentro de unos determinados márgenes el impulso conservacionista, controlando que la exigencia de respeto al medio ambiente que crece y se afianza progresivamente en la sociedad no dañe determinados intereses".

Para conseguirlo, la Junta "utiliza armas sutiles, como el cansancio y el desgaste de las fuerzas que considera adversas, incluso las de sus propios agentes, y otras no tan sutiles, como el miedo que mantiene calladas las voces críticas de dentro y de fuera, el miedo a la persecución encubierta y a la persecución legal, mediante el omnímodo poder coercitivo de la Administración pública".

Se trata, según el grupo ecologista, de "una velada amenaza, una tácita censura que recluye las críticas en una cautela temerosa y que obliga a referirse a las verdades claras, a las que ofrecen los hechos, por medio de artificios retóricos, porque, eso sí, nunca existen o no pueden obtenerse las pruebas que, como escudo protector, permiten recurrir al amparo de esa última instancia que es la jurisdicción penal".

En este sentido, Ecologistas en Acción aseguró que "los expedientes se eternizan y se diluyen en ese maremagno administrativo que es la burocracia, de manera que las agresiones medioambientales, cuando no quedan impunes, se saldan en la mayoría de los casos con sanciones ridículas que hacen pensar al infractor que merece la pena asumir tan exiguo coste y continuar haciendo lo que a su interés convenga, y la misma suerte corren la mayoría de las iniciativas que, en ese sentido, parten de las organizaciones ecologistas y de la ciudadanía en general".

(Fuente: artículo publicado en www.europapress.es).

El Delegado no dimite y promete datos sobre su gestión (06/09/07)

Rey afirma que no dimitirá y anuncia que avalará con datos su gestión.

El delegado provincial de Medio Ambiente, Luis Rey, señaló ayer en declaraciones a ABC que no dimitirá pese a la unánime petición de organizaciones ecologistas y formaciones políticas como IU y PP tras las quejas del Seprona y los agentes ambientales por la escasa tramitación de infracciones contra el medio que hay en Córdoba.

Es más, Rey lanzó un órdago tras semanas de silencio. Anunció que avalará su gestión aportando un dossier. «Estamos elaborando un informe en el que daremos cuenta de las denuncias tramitadas y no tramitadas». En dicho documento, que podría estar culminado en una semana, «se explicará la situación de las denuncias y de los expedientes sancionadores existentes en la Delegación del Gobierno». Rey hizo una matización sobre esta polémica, ya que indicó que «hay denuncias que, aunque llegan a Medio Ambiente, no nos corresponden, como las de vehículos abandonados, que remitimos a los Ayuntamientos». De igual modo, sucede, «con las de caza y pesca. De ellas, algunas no llegan a tramitarse porque el titular no aporta la documentación que se les exige».

Por ello, advirtió de que «hay muchas denuncias que trasladamos a otros organismos competentes». Aunque aseguró no conocer «qué fondo pueden» tener las acusaciones contra él, se mostró confiado en que «todo se demostrará como se debe en un estado de derecho como el nuestro».

(Fuente: artículo publicado en ABC.es).

La junta acusa de "desacato civil" a los Agentes que cuestionan a la Delegación provincial de Medio Ambiente (08/09/07)

La Junta acusa de «desacato civil» a los agentes de la Benemérita que cuestionan a Luis Rey.

Ni un ápice de credibilidad dio ayer el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, a las quejas de numerosos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) -y a las que se unieron otros colectivos- acerca del alto porcentaje de denuncias (hasta el 80 por ciento) que en materia de caza, vertidos y otras infracciones ecológicas quedan sin resolver por la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Incluso se mostró sorprendido por que el instituto armado haya hecho, a través de una de sus asociaciones profesionales, «una manifestación de desacato a la autoridad civil», denunciando públicamente la gestión de Medio Ambiente.

Por esta razón, consideró que la AUGC ha hecho unas declaraciones «bastante aventureras, por llamarlo de alguna manera». Y es que, para Márquez, la Delegación que encabeza Luis Rey realiza una «magnífica gestión» y los hechos denunciados por diversas fuentes no se dan «con la virulencia» que apunta la AUGC.
Aunque no sólo es esta organización la que se ha quejado en las últimas semanas por este motivo. Tras ella, lo hizo la asociacíón de Agentes de Medio Ambiente, que agrupa a muchos de los guardas forestales que trabajan directamente para la Administración Autonómica. Ellos denunciaron la permanente intención de la Junta de «obstaculizar» su trabajo, ya que se les impide seguir el curso de las denuncias hechas, así como acudir a la autoridad judicial directamente en los casos en los que sea posible.

«Favores» a empresarios.

También para ellos tuvo respuesta Antonio Márquez, pues precisó que sus denuncias no sólo se ceñían al ámbito provincial, sino que afectaban a toda la Comunidad. Además, «en esta caso sus declaraciones forman parte de la dinámica sindical, sobre la que no voy a hacer valoraciones», prosiguió.

Cabe recordar que IU habló explícitamente de supuestos «trato de favor» a empresarios dueños de las fincas en las que se habrían cometido las infracciones sin sancionar, teoría que según Ecologistas en Acción «va ganando terreno incluso entre los trabajadores de Medio Ambiente».

(Fuente: artículo publicado en ABC.es).

El PP pide la creación de una comisión de Investigación (02/10/07)

PP-Córdoba pide la creación de una Comisión de Investigación para la Delegación de Medio Ambiente.El grupo popular secunda las denuncias vertidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles sobre la paralización de denuncias medioambientales en los últimos años.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la pasividad mostrada por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba que ha dejado sin resolver el 80 por ciento de las denuncias realizadas por agentes del SEPRONA entre 2003 y 2006.

Un asunto lo suficientemente grave, para el Partido Popular, que ha decidido solicitar al gobierno andaluz una Comisión de Investigación que analice el funcionamiento de la delegación.

La parlamentaria andaluza del PP por Córdoba María Jesús Botella considera que “esta situación provoca desmotivación y malestar entre los agentes, tanto que algunas unidades del SEPRONA que trabajan en Córdoba han dejado de presentar denuncias ante la Delegación de Medio Ambiente aquejados de su dejación”.

Botella continúa afirmado que “hay que llegar hasta el final en este asunto y en el caso de que sean ciertas estas denuncias, habrá que depurar responsabilidades políticas”.

La parlamentaria andaluza, que considera que la concienciación ciudadana en estos casos es fundamental, asegura que “en la provincia cordobesa se dan demasiados casos de vertidos de sustancias tóxicas, basuras en arroyos, escombreras no controladas, falta de depuración de agua, actuaciones negligentes en relación con los incendios y se tiene la impresión de que estos hechos no son perseguidos ni sancionados”.

Por todo ello, el grupo popular considera que este asunto tiene la importancia suficiente como para abrir una Comisión de Investigación.

Las Asociaciones de Ecologistas de Córdoba también han secundado estas denuncias vertidas por La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que también se han visto respaldados por la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

(Fuente: artículo publicado en www.europapress.es).

IU pide una comisión de investigación en el parlamento (15/10/07)

El parlamentario andaluz de IU por Córdoba, José Manuel Mariscal, informó hoy de que pedirá una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para aclarar el funcionamiento de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba al considerar que el nombre del titular de fincas denunciadas influye en la toma de decisiones de la administración.

En rueda de prensa, Mariscal puso hoy en duda el funcionamiento de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, ya que, según explicó, "en unos casos por una misma falta un expediente puede acabar en sanción y otro prolongarse hasta caducar".

Mariscal considera probado que algunos de los titulares de fincas de uso cinegético denunciadas cuentan con importantes conexiones con altos cargos de la Junta. Es el caso por ejemplo de una finca dedicada a la caza menor, ubicada en el norte de Espiel (Córdoba), denominada Huerto Cepas, que corresponde a un constructor de Marbella, M.G.A., bastante amigo de un consejero de la Junta de Andalucía, y que a pesar de que ha sido denunciada en varias ocasiones no se ha tramitado ninguna sanción.

Al respecto, manifestó que el hecho de que "el nombre del titular de una finca influya en la toma de decisiones de la administración cuando hay una denuncia de por medio tiene un nombre, y se llama prevaricación" y por ello solicitará una comisión de investigación, que contará con el apoyo de agentes del Seprona y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) teniendo en cuenta, además, que en 2006 el 80 por ciento de los expedientes que se abrieron se quedaron sin sanción.

NECESIDADES DE LA PROVINCIA.

Por otra parte, Mariscal hizo una enumeración de las distintas necesidades de la provincia ante los presupuestos de la Junta de Andalucía. De este modo, estableció 14 prioridades, tales como la universalización de la educación infantil o la culminación de la red de institutos de Educación Secundaria de la provincia.

De igual modo, cree necesario un apoyo presupuestario a yacimientos arqueológicos de la provincia y a proyectos de arquitectura defensiva de la provincia. También destacó la necesidad de un ferrocarril de cercanías, la culminación de estaciones de depuración de aguas residuales o la creación de albergues para inmigrantes, entre otros puntos.

(Fuente: artículo publicado en www.europapress.es).