hechos ocurrieron el 9 de abril de 2011 en un paraje del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Se declaró un
incendio que afectó a terreno forestal y, siguiendo el protocolo
habitual, la Brigada de Investigación de Incendios (BIIF), formada por
Agentes de Medio Ambiente, funcionarios públicos con el carácter de
Agentes de la autoridad, así como Policía Judicial, investiga los hechos
para determinar las causas del mismo.
Tras
la determinación de la causa del siniestro, cuatro personas fueron
imputadas por delito de incendio forestal (negligencia al no contemplar
las medidas de prevención adecuadas para evitar incendios en los
trabajos forestales): 3 trabajadores de una empresa privada y un
funcionario de la Administración que ejercía como director de obra de la
misma. Los trabajos eran realizados por la propia Junta de Andalucía en
monte público de su propiedad.
Ahora,
celebrado el juicio en 2016, las cuatro personas imputadas han sido
absueltas, basándose en dos informes realizados varios años después de
ocurrido el incendio, que contradicen las investigaciones e informes
periciales de la BIIF.
Para
«desmontar» el informe de estos profesionales, por un lado, la parte
imputada encarga dos años después del incendio la redacción de un
informe externo a un conocido profesor de la Universidad de Córdoba, que
contradice los resultados de las investigaciones realizadas por la BIIF
de Jaén en los momentos inmediatamente posteriores al siniestro.
Técnico que, recordemos, ha estado ocupando puestos de libre designación
de alto nivel en la Consejería de Medio Ambiente.
Ante
la disparidad de opiniones de los dos informes, posteriormente la
Consejería aporta un tercer informe de investigación de las causas del
incendio llevado a cabo por el Director del Centro Operativo Provincial
(COP) de Jaén, en el que concluye que el origen del incendio no es el
indicado por la BIIF, sino otro lugar distinto. No hay que pasar por
alto que esta persona no nos consta que tenga formación en investigación
de incendios forestales y ostenta un puesto otorgado a dedo por la
Consejería como Director del COP.
Independientemente
del resultado de la sentencia judicial, que respetamos, la pregunta que
nos hacemos desde la Asociación de Agentes es sencilla ¿cuántos
incendios ha investigado el Director del COP, el profesor de la
Universidad de Córdoba, y cuantos la BIIF? Para esta asociación, más
allá del corporativismo, la experiencia demostrada día a día por los
Agentes de las BIIF de toda Andalucía y, concretamente, de la de Jaén,
está fuera de toda duda y consideramos que en ningún caso es comparable
ni puede tener menor validez que informes realizados por personas sin
experiencia en la investigación y, lo más grave, habiéndose llevado a
cabo dos años después del incendio.
También
nos preguntamos por qué la propia Junta de Andalucía pone en duda la
veracidad de su brigada de investigación encargando contrainformes,
dejando en entredicho y desacreditando el trabajo de estos profesionales
cuando les interesa. ¿Porqué no defendió la Consejería en el juicio el
informe realizado por sus Agentes de la BIIF? ¿Porqué los informes de la
BIIF son perfectamente válidos para el común de la ciudadanía, pero no
para los responsables de trabajos gestionados por la propia Consejería
de Medio Ambiente? La normativa es y debe ser igual para todos, y se
debe emplear la misma «vara de medir», no usar distintos raseros en
función de la conveniencia o no de ciertos intereses. Las consecuencias
de un incendio pueden ser muy graves independientemente de quien sea el
responsable, eso lo sabemos muy bien los Agentes de Medio Ambiente y
todos los medios que participan en la extinción cada día. Las pérdidas
en el monte, e incluso las vidas que se llevan por delante a veces los
incendios durante la extinción son algo muy serio (hace escasos días
conocimos un nuevo caso de muerte de un Agente Forestal en el incendio
de Jedey en La Palma, que se suma a la de otros tantos bomberos
forestales, técnicos, pilotos, etc.).
Por
otra parte, nos resultan llamativas (por absurdas) las declaraciones
durante el juicio, que achacan a la BIIF que «trabajó en caliente y
sobre el terreno», algo que evidentemente es lo correcto y deseable en
cualquier investigación de carácter policial: actuar lo antes posible
ante la posibilidad de pérdida o deterioro de los indicios o evidencias.
La actuación rápida de la BIIF permitió determinar in situ, cual fue el
origen del fuego. A nadie se le pasa por la cabeza que para la
investigación de un homicidio o una violación, la policía llegue al
lugar de los hechos dos años más tarde a buscar indicios del delito.
Desde luego, no es lo deseable.
Desde
la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de
Andalucía-AAMAA, denunciamos este ataque e intento de desprestigio,
consentido y fomentado por la propia Junta de Andalucía, a los
profesionales que forman las brigadas de investigación de incendios
forestales (BIIF) y con ellos a todo el colectivo, y apoyamos al 100% su
labor y profesionalidad demostrada a lo largo de muchos años con un
intenso y reconocido trabajo en todos los ámbitos judiciales, con
amplios elogios a su trayectoria y trabajo realizado en la investigación
de incendios forestales.
Como
asociación profesional y como compañeros, mostramos nuestro respeto y
apoyo a todos los trabajadores que se arriesgan cada día en la
prevención, extinción e investigación de los incendios forestales en
Andalucía y en todo el territorio. Flaco favor se les hace y qué poco se
valora su trabajo si los informes periciales de los investigadores de
estos delitos, los elegimos «a la carta». Respetamos la presunción de
inocencia, por supuesto, pero respeten también el trabajo honesto de las
BIIF en Andalucía.