La demolición de la casa rural ubicada en Tavizna, objeto de polémica en
los últimos meses por su situación ilegal en pleno Parque Natural
Sierra de Grazalema, se ha hecho efectiva. En esta ocasión se pudo
cumplir la orden de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, después
de que a finales del mes de diciembre una concentración de vecinos
colocase numerosos vehículos frente al acceso a la construcción e
impidiese así el paso de las máquinas.
los últimos meses por su situación ilegal en pleno Parque Natural
Sierra de Grazalema, se ha hecho efectiva. En esta ocasión se pudo
cumplir la orden de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, después
de que a finales del mes de diciembre una concentración de vecinos
colocase numerosos vehículos frente al acceso a la construcción e
impidiese así el paso de las máquinas.
Para evitar que se repitiera
una situación similar, los Agentes de Medio Ambiente asistieron a la
ejecución del derribo acompañados por una treintena de efectivos de la
Policía Autonómica. La vivienda, planteada en un principio con fines
turísticos, como alojamiento rural, constaba de dos plantas y estaba
construida en espacio protegido, en el término municipal de Benaocaz,
dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema e invadiendo una vía
pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.
una situación similar, los Agentes de Medio Ambiente asistieron a la
ejecución del derribo acompañados por una treintena de efectivos de la
Policía Autonómica. La vivienda, planteada en un principio con fines
turísticos, como alojamiento rural, constaba de dos plantas y estaba
construida en espacio protegido, en el término municipal de Benaocaz,
dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema e invadiendo una vía
pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.
Ese fue el motivo
que llevó a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a ordenar el
derribo de la construcción, un proceso que comenzó en septiembre de
2001, fecha en la que fue denunciada por los Agentes de Medio Ambiente.
Sin
embargo, la demora se debe al inicio de un proceso penal contra el
propietario por un delito contra la ordenación del territorio. Este
proceso suspendió el procedimiento administrativo en 2002, hasta que en
2004 el juzgado de lo penal dictó una sentencia en la que absolvía al
dueño de la finca del delito de ordenación del territorio.
Continuó
entonces el procedimiento administrativo, cuya resolución definitiva en
marzo de 2006 impuso al propietario la obligación de restituir el
terreno con la demolición de lo construido. Así, al no haberse cumplido,
es cuando la Consejería ha actuado de forma subsidiaria para restaurar
la legalidad, cuyos costes, cercanos a 98.000 euros, deberá ahora pagar
el infractor.
Sin embargo el asunto no queda ahí, ya que al
comunicarse al Ayuntamiento de Benaocaz a principios de diciembre que se
iba a proceder a dicha demolición, surgieron nuevas trabas, pues el
ente local alegaba la necesidad de contar con licencia de obra. Desde
Medio Ambiente, por su parte, aseguraron que por el principio de lealtad
institucional entre administraciones, la Consejería no necesitaba
licencia de obra.
Con todo, para este nuevo intento de demolición
hecho efectivo ayer, la Delegación Provincial contaba con una
autorización judicial, así como la resolución administrativa firme del
expediente sancionador por infracción a Ley de Espacios Protegidos.
Una
vez llevado a cabo el derribo, la delegada provincial de Medio
Ambiente, Gemma Araujo, ha señalado que con actuaciones como esta
“nuestro objetivo es hacer cumplir la legalidad medioambiental, actuando
contra todas aquellas construcciones y ocupaciones ilícitas en los
montes públicos, zonas de servidumbre de protección y espacios naturales
protegidos”. Asimismo ha subrayado que “esa es la política que estamos
siguiendo y en la que vamos a ser tajantes”.
De hecho, con el
derribo de esta vivienda son ya siete las demoliciones llevadas a cabo
por la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz desde
principios de 2008. Dos de ellas se refieren a casas del municipio de
Tarifa ubicadas en espacio protegido del parque de los Alcornocales,
otras tres construcciones en El Palmar (Vejer) por ocupar zona de
servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre y una
última en Chipiona por esta misma razón.
Enfrentamiento político
La
demolición de esta construcción en Tavizna despertó incluso la polémica
política a nivel provincial. Así, los dirigentes socialistas llegaron a
solicitar el cese de manera inmediata del alcalde de Benaocaz, Juan
María Mangana (PP), mientras los populares negaron que el mismo se
opusiera al derrumbe de esta vivienda rural.
Al mismo tiempo
pidieron coherencia al PSOE, reclamando el mismo trato para los
ayuntamientos gobernados por socialistas, haciendo referencia así a la
orden de derribo del Hotel El Algarrobico, ubicado en Carboneras, en el
Cabo de Gata.
Por su parte, Mangana se defendió reiterando la
necesidad de que la Delegación de Medio Ambiente solicitara un permiso
de demolición, remitiéndose para ello a sendos decretos de Alcaldía.
Finalmente el derribo se ha hecho efectivo sin necesidad de autorización
municipal.
Fuente: andaluciainformacion.es